Presentan proyecto para derogar las "leyes procrimen" aprobadas por el anterior Congreso de Perú

La diputada Catherin Palomino Casavilca, integrante de la bancada Juntos por el Perú, presentó el primer proyecto de ley del nuevo Congreso bicameral con el objetivo de derogar siete normas aprobadas durante la legislatura anterior, conocidas por diversos sectores como las "leyes procrimen". La iniciativa busca restituir herramientas legales para combatir el crimen organizado, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos.

Según la legisladora, las modificaciones aprobadas entre 2023 y 2024 redujeron la capacidad del Estado para investigar y sancionar organizaciones criminales, además de limitar las facultades del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Por ese motivo, el proyecto propone dejar sin efecto esas reformas y restablecer el marco normativo vigente antes de su aprobación.

Entre las normas cuestionadas se encuentran cambios vinculados a la definición de organización criminal, las reglas de colaboración eficaz, los plazos de prescripción de delitos y otras disposiciones que, según la autora de la iniciativa, favorecieron la impunidad y dificultaron las investigaciones penales.

Palomino afirmó que el proyecto responde al incremento de la delincuencia y a la preocupación ciudadana por el avance del crimen organizado en Perú. En ese sentido, sostuvo que la derogación de estas leyes constituye un paso necesario para fortalecer la persecución penal y recuperar la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

La propuesta reabre un debate que ya había cobrado fuerza durante el último año, cuando distintos sectores políticos, especialistas y organizaciones civiles reclamaron revisar las reformas aprobadas por el Congreso anterior. Algunas de esas normas fueron cuestionadas por fiscales, jueces y organismos internacionales al considerar que restringían las investigaciones sobre corrupción y crimen organizado.

El proyecto deberá ser evaluado por las comisiones correspondientes antes de ser debatido en el pleno del Congreso. Mientras tanto, el tema promete convertirse en uno de los primeros ejes de discusión de la nueva legislatura, en un contexto marcado por la creciente preocupación por la inseguridad y el fortalecimiento de las organizaciones criminales en el país.